Claridad Normativa y Estabilidad
El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha puesto en relieve la importancia de tener normas claras y estables para combatir el fraude fiscal. Se busca evitar la creación de normativas de baja calidad, el uso excesivo de decretos-ley y los cambios continuos en la legislación.
Simplificación del Sistema Fiscal
Una de las propuestas principales se centra en la reducción de trámites administrativos y en aumentar la claridad de los criterios fiscales para facilitar el cumplimiento legal.
Facilitación del Cumplimiento Voluntario
Se sugiere mejorar la relación entre los contribuyentes y la administración, proporcionando normas transparentes y plazos razonables para su cumplimiento. Así se incentivará un cumplimiento voluntario más eficaz.
Incentivos para el Pago de Impuestos
Reducir la presión fiscal es clave para aumentar la percepción de justicia entre los contribuyentes, incentivándolos a cumplir con sus obligaciones fiscales.
Mediación y Arbitraje
La creación de mecanismos de mediación y arbitraje para resolver conflictos tributarios podría agilizar los procesos y contribuir a la resolución rápida de disputas.
Uso de la Inteligencia Artificial
Implementar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, podría optimizar la selección de contribuyentes con mayores riesgos de fraude, mejorando así la eficiencia en la detección de irregularidades.
Refuerzo de la Asistencia a los Contribuyentes
Es esencial profundizar en la concienciación y el apoyo a los contribuyentes, facilitando el acceso a información y recursos que permitan un correcto cumplimiento fiscal.
Control y Cooperación Internacional
Mejorar el intercambio de información fiscal a nivel global podría fortalecer las acciones contra el fraude, promoviendo una mayor cooperación internacional.
Revisión de la Economía Sumergida
El CGE propone reducir la economía sumergida mediante una revisión de la brecha fiscal y los costes asociados al cumplimiento tributario.
Además, se sugiere mejorar la eficiencia del gasto público para deslegitimar el fraude fiscal y fortalecer la cooperación entre las administraciones tributarias.
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